La operación “Murus” detecta 58 delitos urbanísticos en municipios de la Axarquía y otras comarcas malagueñas
Las actuaciones más destacadas incluyen la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, la instalación no autorizada de casas prefabricadas con fines residenciales, piscinas camufladas como albercas de riego, barbacoas recreativas sin justificación y la conversión de aperos en viviendas residenciales
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ha desarrollado durante 2024 la operación "Murus", con actuaciones en Mijas, Málaga, Antequera, Torrox, Rincón de la Victoria, Nerja, Vélez-Málaga, Coín, Estepona, Marbella, Ronda y Cortes de la Frontera, entre otros municipios de la provincia.
La operación se centró en combatir delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje, promoviendo un desarrollo urbanístico equilibrado y sostenible.
Durante la investigación, 60 personas, entre promotores, constructores y técnicos, han sido imputadas por su implicación en 58 delitos urbanísticos relacionados con obras no legalizables en suelo rústico. Asimismo, los agentes llevaron a cabo 166 inspecciones que destaparon 254 infracciones administrativas, como la falta de licencias urbanísticas, movimientos de tierra sin autorización y modificaciones de proyectos sin cumplir con la normativa.
Las actuaciones más destacadas incluyen la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, algunas en zonas protegidas, la instalación no autorizada de casas prefabricadas con fines residenciales, piscinas camufladas como albercas de riego, barbacoas recreativas sin justificación y la conversión de naves de aperos en viviendas residenciales.
Las denuncias se han remitido a los respectivos ayuntamientos para la apertura de expedientes sancionadores. La operación contó con la colaboración de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y los servicios técnicos municipales, quienes certificaron la ilegalidad de las construcciones detectadas.