Izquierda Unida propone actualizar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Torrox, caducado desde 2023
Los verdes señalan que no se han visto cumplidas ninguna de las promesas tales como la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda y la activación del casco histórico a través del acceso a viviendas vacías mediante alquileres sociales
El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Torrox ha presentado una propuesta de acuerdo para su debate en el próximo pleno municipal del mes de mayo con el objetivo de solicitar a la Junta de Andalucía el apoyo necesario para la actualización del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, aprobado en 2018 y actualmente caducado.
Según denuncia la formación, el plan, impulsado hace cinco años durante el gobierno del alcalde Óscar Medina, no ha visto ejecutada ninguna de las medidas comprometidas, entre las que destacaban la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda y la activación del casco histórico a través del acceso a viviendas vacías mediante alquileres sociales.
El portavoz de Izquierda Unida, Rafa Broncano, ha subrayado que "se trata de un instrumento de planificación muy importante y necesario, sobre todo en la coyuntura actual de crecientes dificultades de acceso a la vivienda". Según Broncano, el plan se basa en un estudio detallado de las necesidades habitacionales de Torrox y contempla medidas que dan respuesta a estas, priorizando a los colectivos más vulnerables.
Además, ha recordado que su grupo político ha insistido desde el inicio de la legislatura en mantener el problema de la vivienda en la agenda política local, "denunciando públicamente la falta de acción del equipo de gobierno en este ámbito".
Broncano también ha valorado positivamente que el Ayuntamiento haya publicado recientemente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo en la web municipal, una reclamación incluida en la moción sobre vivienda que Izquierda Unida presentó en enero de 2024. El documento puede consultarse en la sección de urbanismo de la página oficial.
Con esta propuesta, Izquierda Unida busca que el Ayuntamiento cumpla con su obligación legal de revisar el plan cada cinco años y dé respuesta a una de las problemáticas sociales más urgentes en el municipio: el acceso justo y asequible a una vivienda digna.