Agricultores de la Axarquía afectados por una presunta estafa reclaman justicia ante los juzgados
Los afectados, dedicados al cultivo de hortalizas de invernadero y subtropicales denuncian un impago por parte de la empresa que asciende a más de 400.000 euros, lo que ha dejado a 16 familias en una situación económica crítica
Un grupo de una veintena de agricultores y agricultoras de la Axarquía, apoyados por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) de Málaga, se ha concentrado este martes frente al Mercado Mayorista de Vélez-Málaga, en el Parque Andalucía, para reclamar el avance del proceso judicial por una supuesta estafa sufrida a finales de 2021 a manos de la comercializadora almeriense La Unión.
Los afectados, dedicados al cultivo de hortalizas de invernadero y subtropicales —como tomates, pimientos, pepinos y aguacates—, denuncian un impago por parte de la empresa que asciende a más de 400.000 euros, lo que ha dejado a 16 familias en una situación económica crítica.
Durante la protesta, los agricultores explicaron ante los medios la situación que arrastran desde hace más de tres años. "La última novedad se produjo ayer, cuando el Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga nos informó de que el expediente ha sido asignado, por fin, a un funcionario. Esto permitirá iniciar el procedimiento judicial y se espera que las primeras declaraciones se tomen a finales de mayo", declaró Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG Málaga.
La organización agraria lleva desde el inicio prestando apoyo legal y organizativo al grupo de afectados. Rodríguez denunció la lentitud judicial y el impacto humano y económico que está teniendo el caso: "No podemos permitir que estas situaciones sigan sucediendo, llevando a la ruina a tantas familias que ahora están atravesando grandes dificultades para continuar con su actividad agraria".
Según los afectados, los impagos comenzaron a finales de 2021, truncando una relación comercial habitual con La Unión, distribuidor de referencia para muchos de ellos. Desde entonces, se han interpuesto acciones legales con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar nuevos casos similares.
La Unión entró en concurso de acreedores en verano de 2024, aunque en la actualidad mantiene su actividad con normalidad, algo que preocupa profundamente a los afectados. "Es indignante y peligroso que empresas que han cometido prácticas fraudulentas continúen operando como si nada. No solo nos afecta a nosotros, sino que deja a otros agricultores expuestos a los mismos riesgos", advirtió Rodríguez.
Desde COAG Málaga insisten en la necesidad de una mayor protección legal para los productores agrícolas y un mayor control sobre las prácticas comerciales de las grandes comercializadoras, cuya actividad, señalan, puede poner en riesgo la sostenibilidad del sector primario.